Denunciaron a Macri por negociar con fondos buitre
- todolerma
- 14 mar 2016
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La acusación alcanza también a senadores y diputados nacionales que puedan haber tenido "autoría o participación" en la negociación. Advierten que el convenio podría disparar demandas equivalentes a la totalidad del PBI argentino.
La asociación civil Instituto Arturo Sampay denunció hoy al presidente Mauricio Macri y al resto del gabinete, por el acuerdo firmado con los fondos buitre y advirtió que ese convenio podría disparar demandas equivalentes a la totalidad del PBI argentino.
La denuncia, que quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, alcanza también a senadores y diputados nacionales que puedan haber tenido "autoría o participación" en la negociación.
La demanda fue presentada por los abogados Horacio Corti, Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis en representación del Instituto Sampay por los supuestos delitos de "traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público", informaron fuentes judiciales.
Casanello recibirá la denuncia y luego deberá convocar a los abogados a ratificarla para posteriormente dar vista a la Fiscalía para que determine si corresponde o no impulsarla.
La presentación fue hecha en los tribunales federales de Comodoro Py del barrio porteño de Retiro, y los abogados estuvieron acompañados por manifestantes que esperaron en el ingreso del edificio.
En un documento que se adjunta a la denuncia se advierte que, si se concreta el pago en los términos acordados, el país se endeudaría en 384 mil millones de dólares, considerando eventuales demandas de los bonistas que participaron del canje en el 2005 y el 2010.
Alerta también sobre la posibilidad de una eventual ola de juicios el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que sostuvo que "las condiciones mucho más favorables que se les reconoce a los fondos que no adhirieron a ninguna de las dos instancias de reestructuración y eligieron el camino judicial podría disparar demandas legales".
Explica el estudio que estas demandas tendrían como propósito que la Argentina les reconociera la diferencia respecto del recorte del 67 por ciento que aceptaron sobre el capital e intereses en la operación de lo que se ofrece a los otros holdouts.
La experta en Derecho Económico y Financiero Internacional y exjueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, StellaMaris Biocca, consideró que a futuro "esta responsabilidad del Estado va a tener un costo muy grande que puede llegar a los 500.000 millones de dólares, lo que significa la totalidad del Producto Interno Bruto (PIB) argentino".
Por su parte, los analistas Julia Strada y Hernán Letcher, integrantes del CEPA, puntualizaron que "el riesgo latente por nuevos juicios constituye un problema real".
En el documento la entidad sostuvo que "el acuerdo con los buitres abre la posibilidad de nuevas demandas y la Argentina no está exenta de encontrarse con otro Tomas Griesa que haga lugar a algún reclamo de aquellos que hoy se ven perjudicados porque entraron en las reestructuraciones".
Fuente: NA
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